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Inspección Técnica Obligatoria para edificios de más de 50 años

El Boletín Oficial de Estado publica en su edición del 7 de Julio de 2011 el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes para fomentar la protección social de los ciudadanos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la actividad empresarial. Dicha norma incorpora, en materia de edificación y vivienda, una serie de medidas para impulsar la rehabilitación y reforzar la seguridad jurídica en el sector inmobiliario, además de las ya anunciadas de apoyo a los deudores hipotecarios.

La mejora de la calidad y la sostenibilidad en el medio urbano hacen necesario impulsar la rehabilitación complementando los contenidos de la Ley de Economía Sostenible.
En el Real Decreto-ley aprobado se promueven medidas para favorecer la viabilidad y eficacia de las actuaciones de rehabilitación de edificios y de regeneración urbana, suprimir las trabas que las dificultan, y promover la accesibilidad universal.

Así, se impulsa lo que se entiende por rehabilitación en el medio urbano, que engloba actuaciones de conservación, mejora y regeneración urbana. Para asegurar su buen estado y debida conservación, se establece como obligatoria una Inspección Técnica (ITE) de los edificios de uso residencial y más de 50 años, situados en los municipios de más de 25.000 habitantes, salvo que las Comunidades Autónomas fijen una antigüedad u estándares poblacionales distintos, así como en aquellos que las Administraciones incluyan en las áreas o entornos que delimiten.

También se impulsa la rehabilitación edificatoria a través de la mejora de la calidad y sostenibilidad de los edificios con bajas condiciones de habitabilidad, que podrán establecerse como necesarias en zonas concretas que así lo requieran, mediante planes y programas de rehabilitación municipales y autonómicos.

Asimismo, se establece la posibilidad de acometer actuaciones de regeneración urbana en áreas o ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos o degradados, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los principios de cohesión territorial y social.

Se facilitan las actividades de rehabilitación ofreciendo nuevos instrumentos de gestión y ampliando las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas, para, por ejemplo, poder ser beneficiarias directas de ayudas o para poder actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica en toda clase de operaciones, incluidas las crediticias.

Fuente: Ministerio de fomento

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